Debido
a su naturaleza clandestina y a la falta de consenso en la definición y
comprensión de este fenómeno, resulta sumamente difícil establecer con
precisión cifras o estadísticas. No obstante, la
Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) estima
que, a nivel mundial, cada año aproximadamente un millón de hombres, mujeres,
niños y niñas son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones
semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores: construcción,
maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo
sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta de
niños, entre otros, siendo las mujeres, las niñas y los niños el sector más
vulnerable.
De
acuerdo con el Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado
de Estados Unidos, cada año entre 600,000
y 800,000 personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de
trata; de esta cifra el 80 por ciento
son mujeres y niñas y el 50 por ciento son personas menores de edad.
Por su
parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que del total
estimado de personas sometidas a trabajos forzados como consecuencia de la
trata alrededor de 56% de las víctimas de trata con fines de explotación
económica o laboral son mujeres y niñas y el % restante son hombres y niños.
Asimismo, en el caso de trata con fines sexuales, una abrumadora mayoría del
98% es ocupado por mujeres y niñas.
Estas
primeras estimaciones muestran una realidad ineludible: la trata de personas es
un crimen que no es neutral en términos de género y que afecta a las mujeres de
manera desproporcionada. No sólo por registrar la mayor parte de las víctimas,
incluso en el sector laboral, sino porque las formas de explotación a las que
son sometidas suelen ser más severas.
La
trata de mujeres debe entenderse en el amplio contexto de desigualdad y
violencia estructural a las que están sujetas. En todas las sociedades, en
mayor o menor grado, las mujeres y las niñas enfrentan constantes violaciones a
sus derechos humanos y/o a sus derechos económicos en los lugares de origen.
En
general, las mujeres están más afectadas por la violencia y la discriminación de
género en la educación, la inequidad laboral, caracterizada por la segregación
ocupacional y una representación desproporcionada en los sectores informales de
empleo. Todo ello trae como consecuencia una muy particular vulnerabilidad así
como una enorme inseguridad económica y por lo tanto la propensión a migrar,
generalmente en forma irregular, a pesar de los riesgos e implicaciones que
esto conlleva.
Las
mujeres por lo general experimentan un acceso desigual a los canales formales
para emigrar, dada la poca o pobre información sobre los riesgos potenciales en
el trayecto y la ausencia de redes de servicios especializados a lo largo de
las rutas migratorias especialmente en términos de salud y asistencia médica de
emergencia para aquellos casos en que tienen poco o ningún poder de decisión
para evitar relaciones sexuales peligrosas o no deseadas durante el trayecto.
Igualmente, las oportunidades de empleo, tanto en los países de tránsito como
en los de destino, suelen ser más limitadas para las mujeres migrantes. Los
sectores donde tradicionalmente existe “demanda femenina” son en su mayor parte
informales, poco protegidos y no regulados, lo que las hace más dependientes de
redes de intermediarios sea de tratantes o traficantes (conocidos también como polleros
o coyotes). Estos, entre muchos otros factores, hacen a las mujeres más
proclives a ser presa de la trata y la explotación en todo el mundo.
Lógicamente
las formas de explotación, el modo de operación y las rutas son distintas en
cada región y país. Además, no son estáticas sino que se van desarrollando y
adaptando de acuerdo a una demanda creciente.
Finalmente,
la trata de mujeres en América Latina y el Caribe, aunque parece tener una
dimensión importante a nivel interno, también responde a una amplia demanda internacional.
Tradicionalmente, los centros de reclutamiento más activos han estado ubicados
en Brasil, Colombia, República Dominicana, Surinam y las Antillas y más recientemente
en México, Argentina, Ecuador y Perú.
Las
regiones de América Central y el Caribe experimentan un creciente tráfico y
trata de mujeres, niñas y niños para explotación sexual, con características y
retos diferentes que deben considerarse al diseñar estrategias públicas. Conforme
un estudio de la Comisión Interamericana de Mujeres y del Instituto
Interamericano del Niño de la OEA, la
región padece de ausencia de estrategias de prevención, protección, y
procuración de justicia hacia los tratantes.
Las
niñas, especialmente las que han sufrido abusos sexuales en el pasado, se
encuentran desprotegidas frente a redes de explotación tanto domésticas como
internacionales, alentadas por un mercado creciente de explotación sexual
comercial infantil.
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