En
primer lugar es preciso dar visibilidad al problema. Conocer cómo y dónde está
presente la trata, cómo opera y quiénes son sus víctimas resulta fundamental
tanto para sensibilizar a la sociedad y fomentar en ella una cultura de la
denuncia, como para comenzar a plantear acciones sólidas de política pública
que aborden desde un lente multidimensional esta problemática. Los estudios,
diagnósticos e intercambio de información entre las diferentes instituciones
involucradas suelen ser de gran utilidad para este propósito. Por todo ello,
sería importante colocar el tema de trata de personas tanto en la agenda
pública nacional como en la internacional y trabajar en estrecha colaboración con
todos los actores a nivel político, legislativo y operativo así como fortalecer
la cooperación internacional.
Una legislación
específica sobre trata de personas es fundamental. Dicha
legislación deberá tener un enfoque global, tal como el contenido en el
Protocolo, que permita avanzar hacia lo que algunas instituciones mencionan
como las tres P: persecución de los tratantes (o procuración de justicia), protección
a las víctimas y prevención de la trata.
La capacitación
de los
distintos sectores involucrados -instituciones públicas y privadas así como distintos
sectores de la sociedad civil - en torno a la trata, cómo opera, como se puede
prevenir, como identificar y asistir a las víctimas y finalmente algunos
lineamientos para su combate efectivo resulta de crucial importancia.
Es
también clave plantearse la importancia de la asistencia a
víctimas, sean estas nacionales o provenientes de terceros
países. Los mayores retos son la identificación, la asistencia y protección
inmediata y las medidas de protección y recuperación de mediano plazo.
La
identificación de víctimas plantea buscarlas entre migrantes asegurados o
detectados en controles fronterizos o puntos de ingreso; migrantes irregulares
detectados por los cuerpos de policía a través de investigaciones, redadas o
denuncias; personas asistidas por organizaciones civiles, iglesias, instituciones
de salud pública o albergues de migrantes; personas que buscan ayuda con
consulados, familiares o amigos.
En
materia de asistencia y protección inmediata, será
necesario encarar acciones médicas, psicológicas, de alojamiento y comida, de
asistencia legal y de reinserción o reintegración social, incluyendo posibilidades
de residencia en el país de destino, residencia en un tercer país o el retorno a
su lugar de origen, siempre considerando los riesgos que ello implica de manera
individualizada.
En ese
marco juega un rol clave el establecimiento de albergues o la utilización de
los ya existentes, para proveer un lugar físico de asistencia temporal que
brinde un entorno seguro y adecuado para estabilizar a la víctima, prevenir
mayores daños y facilitar su recuperación.
En las
medidas de recuperación y reintegración social destaquemos
la importancia de la consejería y el apoyo emocional y psicosocial, para
enfrentar el trauma del abuso y la explotación de las víctimas (abuso físico,
abuso psicológico, abuso sexual, explotación económica, uso inducido de alcohol
y otras substancias, inseguridad, pérdida de autoestima). Esto es de capital
importancia para el caso de las víctimas menores de edad, para quienes el impacto
psicológico es mucho mayor y duradero.
La asistencia
legal a víctimas dependerá de la legislación que pueda introducirse y
la posibilidad de iniciar procedimientos penales y/o civiles. La legislación
interna podrá prever la posibilidad de cooperar con las autoridades
competentes, fuerzas especializadas o cuerpos de policía, contra los victimarios
o la posibilidad de demandas para obtener compensación. Es importante que la
víctima conozca las implicaciones y ramificaciones de cualquier paso que decida
dar, así como garantizar sus derechos y su privacidad. Otros aspectos legales
se refieren a la recuperación de documentos (pasaporte), casos de divorcio,
demandas por restitución de hijos, posible solicitud de residencia temporal, eventual
solicitud de refugio o asilo, un posible programa de protección a testigos,
etc.
La
acción de las fuerzas de seguridad es determinante en el tema de trata, no sólo
en términos de procuración de justicia sino en la esfera de protección de las
víctimas. Por ello es imperativo que se conviertan en espacios confiables para
que las víctimas de trata acudan en busca de ayuda y la respuesta sea efectiva.
Si por algún motivo se muestra demora, corrupción, complicidad con los tratantes
o penalización de la víctima, el efecto continuará desalentando la denuncia de
los autores de este crimen y dificultando por tanto su persecución, castigo y
erradicación. Finalmente, resulta fundamental mejorar e incrementar la
cooperación de las instituciones públicas y entre éstas y la sociedad civil. En
otras palabras, el fortalecimiento de un mecanismo de
coordinación entre diversas instituciones públicas y la activa
participación de entidades de la sociedad civil serán decisivos para obtener
resultados efectivos en el combate a la trata de personas.
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